Si bien la prevención es la mejor defensa para evitar una eventual responsabilidad penal de la persona jurídica, hay supuestos en que esta prevención puede fallar, normalmente porque ésta es insuficiente o porque los controles son fraudulentamente vulnerados por quienes tienen la obligación de velar por su correcto funcionamiento.
Son numerosas las especialidades, fundamentalmente de orden práctico, que presenta el proceso penal que se siga contra las personas jurídicas, pero no debe olvidarse que, tal y como ha constatado el Tribunal Supremo en diversas sentencias (STS 514/2015, de 2 de septiembre; STS 154/2016, de 29 de febrero; STS 221/2016, de 16 de marzo), los principios procesales que rigen en nuestro ordenamiento son plenamente aplicables a las personas jurídicas, lo que incluye todo el conjunto de derechos y garantías procesales, constitucionales y legales, que asisten a las partes procesales.
Cuando se inicia un procedimiento penal en que la organización, como tal persona jurídica, es investigada, debe contarse con la defensa jurídica más conveniente, dada la relevancia de los derechos e intereses en juego y del carácter especialmente gravoso de las eventuales penas o medidas cautelares que pueden imponerse o adoptarse.
Defensa y Compliance se constituye como despacho altamente cualificado para abordar la defensa penal corporativa con las mejores garantías de éxito y eficacia.
